En la Argentina se debate sobre la Ley de Etiquetado de Alimentos. Desde el 2020 con media sanción en Senado ahora se discute con la modalidad de videoconferencia en varias comisiones de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la finalidad más significativa de esta Ley? para especialistas en salud y para el propio Ministerio de Salud de la Nación ayudaría a combatir problemas como sobrepeso y la obesidad.

La iniciativa, que responde al reclamo de organizaciones de la sociedad civil, a las recomendaciones de organismos internacionales y la academia, compila 13 distintos proyectos de ley presentados por senadores oficialistas y opositores que se unificaron en la Comisión de Salud, de Industria y Comercio. El 29 de octubre del año pasado tuvo media sanción por amplia mayoría (64 votos a favor y 3 en contra) en la Cámara de Senadores y el 13 de noviembre, del mismo año, comenzó el debate en las comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; de Legislación General; Acción Social y Salud Pública e Industria de la Cámara de Diputados.

La Ley sobre Promoción de la Alimentación Saludable habla de sellos frontales ubicados en el exterior de los envases con detalle del alimento envasado, su rotulado nutricional y publicidad, promoción y patrocinio. Pero lo más importante es la función del sello como advertencia que informa el exceso de cantidades de nutrientes críticos tales como: azúcares, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y sodio.

Las leyendas en los octógonos negros con bordes y letras en blanco aclaran: “Exceso en Azúcares” “Exceso en Calorías” “Exceso en Sodio” “Exceso en Grasas Saturadas” “Exceso en Grasas Totales”ctica educativa en las Escuelas antes de la lecto-escritura, hasta la adultez para poder comprender y elegir.

A primera vista, el etiquetado frontal facilita la lectura y comprensión de la información actual que detallan las tablas nutricionales de productos envasados. En la mayoría de los casos la interpretación debe hacerla cada consumidor deducir indicadores, mediciones y porcentajes que varían según cada cantidad que se toma como porción.

En el mes de octubre, por entonces el Ministro de Salud de la Nación en función, Ginés González García, reconoció que “el sobrepeso y la obesidad es un tema que desde varios ángulos preocupa a los Estados, es un problema grave de salud pública, una especie de pandemia más silenciosa, menos estridente pero mucho más mortal y dura desde el punto de vista de los sistemas de salud”. Y que un avance en una alimentación saludable se logra articulando intereses. “Tenemos que adecuar las normas y modificaciones al MERCOSUR, también queremos proteger a nuestra industria alimentaria, por lo que hemos trabajado intensamente en la búsqueda de construir consensos” sostuvo luego de participar de un plenario de las comisiones de Salud y de la de Industria y Comercio del Senado de la Nación.

«La ausencia de una regulación sobre etiquetado vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes, y también los de sus familias, porque no pueden acceder a la información que necesitan para saber si lo que consumen es saludable» declaró Luisa Brumana, representante de UNICEF Argentina en octubre de 2020. Y sobre la obesidad afirmó que «afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables».

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) “el consumo excesivo de azúcares, grasas y sodio es un problema de salud pública que se asocia a las enfermedades no transmisibles que más afectan a la población: el sobrepeso u obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, y las enfermedades vasculares, cardíacas, cerebrales y renales”. Así la promoción que realizan sobre el etiquetado frontal, como advertencia y un derecho a la información, es una herramienta sencilla, práctica y efectiva para advertir a la población sobre ciertos productos que puedan afectar negativamente a su salud y modifiquen sus hábitos alimenticios y decisiones de compra.

“Una información general como en este caso del etiquetado, de fácil recordatorio, es interesante porque parte de la idea, tan clásica pero necesaria de re actualizar, del sujeto universal de la comunicación. Con esto quiero decir que no es solamente un problema de quienes tengan ciertos conocimientos específicos sobre salud; por su formación, clase social o acceso a la información; sino que pueda pasar a ser realmente una cuestión democrática para todos los niveles sociales, grupos poblacionales y de edades” detalló a ésta redacción Wanda Fraiman, docente en Derecho a la Información en la UBA, investigadora del iealc (Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe) y del Observatorio DERCOM (Comunicación y derechos) de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Es evidente que a partir del consumo de productos elaborados artificialmente, procesados y envasados, y con mayor vida útil, se hace cada vez más necesaria la aclaración de sus ingredientes con rótulos. Y la presencia del sello “octógonos negros» exhibe así el deber que tienen las empresas de la industria alimenticia y el derecho a la información que tenemos como personas y no específicamente como posibles consumidores. Para protegernos de engaños, jerarquizar los contenidos nutritivos y controlar el producto en sus niveles sanitarios.

Y remarcó “con esto cruzo la idea del derecho a la salud y la información alimentaria como algo realmente universal con otra cuestión que es la del derecho al consumidor. La idea de usuarios y consumidores, que se incorporó con la reforma de la constitución nacional (1994) y también con leyes específicas que reconocen el derecho de las personas en tanto situación de consumo o condiciones de trato equitativo y digno en caso de reclamo, desabrochado de esta idea del sujeto universal no tiene sentido. Sino solamente estamos pensando en consumidores como aquellos que pueden, como su nombre lo indica consumir y gastar dinero, y claramente estamos haciendo una práctica discriminatoria en términos de acceso a derechos. En cambio esta cuestión del etiquetado justamente asocia que las personas son consumidoras, va de suyo alimentos, pero todas sin distinción (de edad, con ciertos problemas de maduración cognitiva o capacidad /discapacidad) que en su relación de consumo tiene un derecho a la información inherente y completa.

De esta manera, un etiquetado frontal en los alimentos es una estrategia para garantizar el derecho a una buena alimentación para la salud en general. Pero también es un derecho a la información desde una temprana edad, si se suma como práctica educativa en las Escuelas antes de la lecto-escritura, hasta la adultez para poder comprender y elegir.

Entre idas y vueltas sobre las normativas, que incluyen cambios políticos de por medio, países como Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay y México ya cuentan con ley de etiquetado. Con diversas estrategias de sellos estos sistemas informacionales buscan prevenir una mala nutrición y desalentar el consumo de comidas ultra procesadas con elevadas cantidades de sodio, azúcares, grasas como los snacks, bebidas azucaradas o gaseosas.

La iniciativa contempla toda la cadena: fabricación – comercialización – importación; en consecuencia está dirigida a fabricantes, fraccionadores y envasadores de alimentos y bebidas analcohólicas en Argentina. Al implementar las legislaciones se busca como consecuencia la reformulación de los alimentos para mejorar la oferta en el mercado de la industria alimentaria, y así favorecer el acceso de productos que con el tiempo mejoren los índices de nutrición alimentaria.

Chile en 2016 con la Ley 20.606 fue el primer país en adoptar los octógonos negros que indican si un alimento envasado, sólido y líquido, es “ALTO EN” sodio, grasas saturadas o azúcares, y si superan los límites establecidos por el Ministerio de Salud para esos nutrientes. Son los fabricantes, productores, distribuidores e importadores quienes deben encargarse de asegurar que la información esté exhibida en los envases, y es la autoridad sanitaria la que debe analizar y corroborar la información indicada en el rótulo de los alimentos.

Uruguay aunque la Ley fue aprobada en 2018 su obligatoriedad se postergó para febrero de 2021; Perú desde 2019 utiliza sellos octogonales que incluyen la frase “evitar su consumo excesivo”; México luego de dos años de trabajo el 1º de octubre de 2020 implementó la primera fase de la Ley (los tres casos optaron por adaptar el modelo chileno); Ecuador aplicó el modelo de semáforo con colores verde, amarillo y rojo para determinar su alto o bajo nivel de componentes críticos y Brasil dispuso, por decreto presidencial, un etiquetado en forma de lupa.

En comparación con otros países de la región, al consultarle a la Lic. Mónica López, Directora Nacional del Instituto Nacional de  Alimentos (ANMAT), sobre ¿por qué la Argentina demora aplicación? manifestó a esta redacción que se ha trabajado durante varios años en la temática, incluso en mesas de trabajo en el marco del Programa de Alimentación Saludable, Reducción de Sodio, Reducción de Grasas Trans, incorporación de declaración de alérgenos, donde participaron diversas entidades del estado nacional, provincial, sociedades científicas, colegios de profesionales y asociaciones civiles. El abordaje de toda temática que implique el cuidado de la población debe realizarse en forma multisectorial y teniendo en cuenta todas las variables para lograr la mejor regulación posible. En este contexto, Argentina también se ha podido nutrir de la experiencia de otros países (que ya habían empezado sus procesos mucho antes de sacar sus propias normas, como por ejemplo Brasil que tuvo 6 años de debates) y así tomar mejores decisiones. Resaltando el trabajo realizado, Argentina podrá implementar una ley que en todo momento se enfoca en el beneficio y cuidado de la población.

Lo cierto es que en la Argentina, al igual que lo ocurrido en Chile, Perú o México con grandes corporaciones de bebidas y alimentos ultraprocesados, el debate, las negociaciones y las resistencias, incluyen intereses contrapuestos. Con fuertes presiones de la industria alimenticia, como la cámara empresarial del sector y la industria azucarera, que piden “no demonizar productos”.

En un comunicado público más de cien organizaciones se unieron para reclamar la aprobación de la ley «sin demoras y sin cambios» al denunciar que «las empresas alimenticias y de bebidas azucaradas obstaculizan los procesos de diseño de políticas efectivas a través de argumentos falsos y amenazas, gastando millones de dólares en lobby».

En oposición al etiquetado desde la Coordinadora de Industrias Fabricantes de Alimentos (COPAL) se manifiesta una autorregulación. «No queremos este modelo. No hay que demonizar a los alimentos, sino informar adecuadamente a los consumidores»  advirtió su Presidente Daniel Funes De Rioja, en declaraciones mediáticas a fin de 2020, quien además planteó la necesidad de articular legislaciones y regulaciones en el marco de intercambios Mercosur para evitar «un mecanismo de desestimulación de comercio intrazona».

Durante la reunión del plenario del martes 23 de febrero de 2021 en la misma línea; Jose Luis Londoño, Jefe para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Marcas, manifestó que la ley es restrictiva con una «tendencia a politizar e ir en contra de las marcas (….) y regular promoviendo el derecho a la salud no puede ir en detrimento de libertades individuales».

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de hábitos de alimentación saludable y advertir sobre los efectos nocivos de la alimentación inadecuada, el proyecto de ley que se está debatiendo en la Cámara baja, también genera molestias en las empresas al prohibir la publicidad en el público infantil. Al proponer no incluir por ejemplo imágenes de personajes animados «la población infantil está bombardeada de publicidades engañosas, muchos de los alimentos aparecen como saludables y en realidad tienen exceso de nutrientes críticos», manifestó en declaraciones mediáticas Sebastián Laspiur de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

También recomienda al Consejo Federal de Educación la promoción de actividades didácticas y de políticas que establezcan contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional en establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario de todo el país.

En relación a la información para la población infantil y adolescente, se recomiendan las leyendas “contiene cafeína, evitar en niños/as” y “contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”. Ni celebridades o personajes infantiles, que inciten o fomenten su adquisición.

Desde la Dirección General de Servicios a las Escuelas de la ciudad han difundido guías de alimentación saludable para una alimentación variada, completa y segura con el fin de adquirir hábitos familiares saludables y en las currículas educativas, en algunas instituciones, se trabaja desde una edad temprana la diferenciación de alimentos saludables a los no saludables. Y en la teoría la Ley de Alimentación Saludable (ley N° 3704/10) reglamenta la oferta de alimentos y bebidas saludables en los kioscos y comedores escolares de escuelas públicas y privadas para que cada estudiante reciba diariamente una alimentación completa, armónica, adecuada y segura.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación se habla de Alimentación Saludable para contrarrestar estos datos públicos: de las 5 porciones de frutas y verduras recomendadas solo se consumen 2; por día se consume más del doble de la sal recomendada y el 50 % de infantes en edad escolar consume 2 o más bebidas azucaradas.

El proyecto que se está debatiendo en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación, “está basado en el trabajo que ha realizado durante varios años el Ministerio de Salud de la Nación y las mesas de trabajo de diversos temas, entre ellos sodio y grasas.  Lograr una ley acorde a las GAPA (Guías Alimentarias de la Población Argentina) es fundamental para orientar a la población a consumir alimentos sanos y seguros, y propiciar el auto cuidado de su salud. En todo momento se enfoca en el beneficio y cuidado de la población y la oportunidad de tener más información, que nos llevará a tomar mejores decisiones sanitarias” nos afirman institucionalmente desde la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).